¿Qué son las retenciones y cómo afectan al productor?

¿Qué son las retenciones y cómo afectan al productor?

Las retenciones —su nombre técnico es derechos de exportación— son impuestos que el Estado cobra sobre determinados bienes vendidos al exterior. En Argentina se aplican principalmente a productos agroindustriales, aunque las alícuotas varían según el cultivo y su grado de elaboración.

Para entender cómo funcionan, imaginemos un producto con un valor internacional de USD 100 y una retención del 24%. Al exportarlo, se deben pagar USD 24 al Estado. Aunque formalmente el impuesto lo ingresa el exportador, su efecto se traslada hacia atrás en la cadena: al calcular cuánto puede pagar por el grano, descuenta la retención, los costos de transporte, acondicionamiento y comercialización. Por eso, en la práctica, el productor recibe un precio inferior al valor internacional.

Recaudación y efecto en el productor

Para el Estado, las retenciones cumplen sobre todo una función recaudatoria: son fáciles de cobrar porque las exportaciones están concentradas en pocas empresas y operaciones registradas. Según datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en 2025 los derechos de exportación generaron $7,19 billones de pesos, lo que equivale aproximadamente al 3,9% de la recaudación tributaria nacional de ese año. Además, son recursos que, como regla general, no se coparticipan directamente con las provincias.

Para el productor, el principal efecto es una reducción del precio recibido por su cosecha, ya que la retención se calcula sobre el valor exportado y no sobre su ganancia. De hecho, dos productores pueden vender la misma cantidad de soja y soportar el mismo efecto de la retención, aunque uno haya tenido una buena campaña y el otro haya sufrido una sequía o mayores costos. Por eso, cuanto más ajustado es el margen, mayor es el peso relativo del impuesto.

Un menor precio disponible también puede influir sobre qué cultivo sembrar, cuánto fertilizante aplicar o si conviene arrendar un campo, según la zona, la distancia a los puertos y si el productor trabaja sobre campo propio o alquilado.

Por eso, si bien es cierto que una baja de retenciones implica al inicio menor recaudación directa para el Estado, el debate pasa por si esa pérdida se compensa con el tiempo mediante mayor producción, más exportaciones y más recaudación de otros impuestos ligados al crecimiento de esa actividad y de otras, como la minería o la industria petrolera.

El impacto en el propietario que arrienda su campo

Las retenciones también afectan a quien arrienda su campo, aunque no produzca directamente. En la mayoría de los contratos agrícolas, el alquiler se fija en una cantidad de quintales de soja por hectárea; por ejemplo, 12 quintales por hectárea. Aunque esa cantidad no cambie, su valor en dólares depende del precio local de la soja, que las retenciones reducen respecto del valor internacional. Si la soja cotiza a USD 30 por quintal, esos 12 quintales equivalen a USD 360 por hectárea; si una baja de retenciones llevara el precio a USD 32, el mismo contrato pasaría a valer USD 384 por hectárea.

De las alícuotas históricas al nuevo cronograma

Las retenciones no son nuevas: se redujeron o eliminaron en los años 90, volvieron a subir en 2002, bajaron de nuevo en 2015 y se reinstalaron en 2018. Desde 2025 se inició un nuevo proceso de reducción, según reconstruye la Bolsa de Cereales de Córdoba en su análisis histórico del tributo.

En junio de 2026, el Gobierno estableció, mediante el Decreto 423/2026, un programa de reducción gradual y permanente. Para el trigo y la cebada, la alícuota bajó de inmediato del 7,5% al 5,5%. Para los cultivos de verano, el cronograma arranca en enero de 2027:

• Soja: baja del 24% actual al 21% en diciembre de 2027 y al 15% en diciembre de 2028.

• Maíz y sorgo: bajan del 8,5% actual al 7,5% a fines de 2027 y al 5,5% en diciembre de 2028.

• Girasol y subproductos: tendrán reducciones escalonadas propias, con alícuotas diferentes según cada producto.

Según el texto publicado en el Boletín Oficial, el objetivo del cronograma es dar previsibilidad para que los productores incorporen las futuras alícuotas a sus decisiones de siembra e inversión. No elimina las retenciones, pero por primera vez traza una trayectoria de baja anticipada para los principales cultivos.

En definitiva, las retenciones le dan ingresos directos al Estado, pero reducen el precio que recibe el productor. Entender los dos lados es clave para dimensionar por qué cualquier cambio en sus alícuotas repercute en la rentabilidad agrícola, la inversión, la producción y las cuentas públicas.